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Magazín Bilingüe de Sátira Política, Humor,  Anécdotas, Cuentos, MASCOTAS y Algo de Literatura Puertorriqueña

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San Juan--Puerto Rico

PURA VELA

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2019

PUERTO RICO Y LOS PINGÜINOS

Lcdo. J. Ferdinand González, Jr

La discusión sobre la ley federal que creó la Junta de Supervisión Financiera y Administración ha estado matizada por los colores políticos de siempre. Hay quienes toman por literal su nombre y la consideran una promesa de recuperación económica para Puerto Rico y hay quienes le hacen piquetes. Sin embargo, la consabida ley tiene un significado especial para todo el pueblo de Puerto Rico, con colorantes o sin ellos. Es una ley que tiene una significación objetiva, histórica y definitoria de nuestra relación con Estados Unidos. En síntesis, PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act) cambió el status de Puerto Rico. Para explicar esto es bueno comenzar por el principio.

Puerto Rico fue adquirido por los Estados Unidos por el Tratado de París de 1898 que dio fin a la guerra hispanoamericana. Eso todos lo saben. Lo que no es conocimiento de todos es que esa aseveración es potencialmente engañosa. El Tratado de París distingue clara y consistentemente a través de su articulado entre Puerto Rico como una isla y la gente que la habita. Estados Unidos adquirió la propiedad de la Isla. Cuando un estado es dueño de un territorio se dice que es su soberano. Así, Estados Unidos adquirió la soberanía de Puerto Rico. Lo dice el Tratado.

Sobre la gente que habitaba la Isla, el Tratado dispuso que sus derechos civiles y su condición política se determinarían por el Congreso. De esta forma, nuestro pueblo se quedó como el inquilino cuando el casero vende la casa. Esto no causó mucho revuelo pues, después de todo, el Tratado dispuso también que los derechos privados de propiedad se respetarían y se mantendrían tal y como estaban bajo la soberanía española, y las expectativas de los líderes del País en ese tiempo eran cosa de realismo mágico.

La Constitución federal establece que el Congreso puede “disponer de, o promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con, el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos”. Cuarenta años antes del Tratado de París, en una decisión deplorable por otras razones, el Tribunal Supremo federal había declarado que cuando los Estados Unidos adquirían un nuevo territorio lo hacían para eventualmente incorporarlo como estado. Después del Tratado de París ese Tribunal inventó la categoría de “territorio no incorporado” para hacer precisamente lo que una generación atrás dijo que no se podía. En términos prácticos, el Tribunal movió a Puerto Rico de “territorio” a “propiedad” dentro de la citada cláusula, de forma que desde un punto de vista legal, no existe para el Congreso mucha diferencia entre la Isla y un solar reposeído por HUD.

En el 1900, en uso de su poder de definir los derechos civiles y la condición política de los puertorriqueños, el Congreso aprobó la Ley Foraker. Esta ley creó un gobierno civil para Puerto Rico donde el Presidente nombraba al gobernador. Además, instituyó un poder legislativo que constaba de dos cámaras, al igual que hoy día, pero la cámara alta era nombrada por el Presidente de los Estados Unidos, aunque incluía puertorriqueños entre sus miembros. La Ley Foraker era explícita en establecer que la autoridad legislativa del gobierno de Puerto Rico era una creación del Congreso.  De hecho, en la Ley Foraker el Congreso se reservaba expresamente el derecho de anular o modificar las leyes que fueran aprobadas. Pero esa reserva y ese poder del Congreso no tenían que ser necesariamente explícitos pues el Tratado de París y la Constitución federal le reconocían esas facultades.

La Ley Foraker no duró mucho. En 1917 el Congreso la sustituyó por la Ley Jones. Esta última ley era un avance respecto a la anterior ya que incorporaba una carta de derechos y concedía la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños. Al igual que la Ley Foraker, la Ley Jones autorizaba un poder legislativo y le daba la facultad de imponer contribuciones. Pero bajo esta Ley Jones, las dos cámaras legislativas eran electas por voto popular. No obstante, el gobernador seguía siendo nombrado por el Presidente de Estados Unidos, y esa fue la ley hasta 1947 cuando se autorizó su elección por el pueblo. En la Ley Jones el Congreso también se reservaba el poder de anular las leyes aprobadas por nuestra Legislatura.

En 1950 el Congreso aprobó la Ley 600. Esa ley le propuso a los puertorriqueños organizar su propio gobierno siempre y cuando fuera democrático y estableciera una carta de derechos. Pero la Ley 600 no derogó la Ley Jones sino que dejó vigentes muchas de sus disposiciones. El conjunto de los artículos de la Ley Jones que quedaron vigentes se les llama Ley de Relaciones Federales. Por lo tanto, en esencia, lo que hizo la Ley 600 fue eliminar lo relativo a la estructura del gobierno interno de Puerto Rico y ponerlo en manos del pueblo, pero las facultades que tendría ese gobierno seguían siendo definidas por la Ley Jones. Por eso, la base del poder legislativo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no se encuentra en la parte de nuestra Constitución que trata del Poder Legislativo, sino en las disposiciones de la Ley de Relaciones Federales que permiten al gobierno de Puerto Rico hacer leyes y fijar contribuciones. La consecuencia, que ya parece estar siendo aceptada por todos, es que nunca, literal y textualmente  hablando, ha existido un “estado libre asociado”. El hecho de que muchas leyes traten a Puerto Rico como un estado no significa que lo sea; es un símil de la licencia poética del Congreso.

En pocas palabras, Puerto Rico tiene un gobierno interno organizado por una Constitución públicamente adoptada, pero los poderes de ese gobierno todavía son pautados por el Congreso estadounidense. Eso significa que la adopción de nuestra Constitución tuvo un precio. Bajo la Ley Jones nuestro gobierno interno estaba fundado en una ley federal pero ahora nuestro gobierno interno se sostiene sobre una ley aprobada por un territorio con poderes delegados. Eso es bajar de categoría. Eso, irónicamente, es hacernos más dependientes.

Cuatro plebiscitos después de aprobada nuestra Constitución nos ha llegado PROMESA. Esta nueva ley federal crea una Junta de Control Fiscal cuyos integrantes son nombrados por el Presidente de Estados Unidos, excepto el gobernador de Puerto Rico quien es miembro por razón de su posición, con voz pero sin voto. La Junta no es una agencia federal. La propia ley claramente establece que la Junta es parte integrante del gobierno de Puerto Rico. La Junta se paga con las contribuciones de los puertorriqueños.

Los poderes de la Junta que crea la ley PROMESA son extraordinarios. Tiene poderes tanto legislativos como ejecutivos y sus actos no se encuentran limitados por la Constitución del gobierno del que forma parte ya que dimanan de una ley federal, mientras que nuestra Constitución, como ya se dijo, fue promulgada por un territorio. Lo más importante de todo es que de ahora en adelante y por tiempo indefinido la Junta será quien decida en última instancia cuál será el presupuesto del gobierno, y por ende, los asuntos, proyectos y políticas que tendrán prioridad para nuestro pueblo. De esta forma, la ley PROMESA es una enmienda a la Ley de Relaciones Federales y a la Ley 600. Es un cambio de status. Hemos regresado a la Ley Foraker, y la Junta de Control Fiscal es nuestro nuevo Consejo Ejecutivo. Exteriormente no son exactamente iguales, pero su ADN es el mismo.

Este nuevo status es una de esas ironías (¿o será sarcasmo?) que solamente la historia sabe jugar. Nuestro condición política de hoy es la “ninguna de los anteriores” del plebiscito de 1998. Bajo nuestro nuevo status, Puerto Rico tiene menos facultades de las que tiene uno de nuestros municipios ante el gobierno central. Pero tal vez esta analogía no es suficientemente clara para muchos. Afortunadamente, después del documental que narra en inglés Morgan Freeman todo se explica mejor con pingüinos.

Imaginemos un grupo de pingüinos flotando a la deriva, sobre un témpano de hielo que no les pertenece. Algunos pingüinos miran al gran continente, otros a la libertad del horizonte, unos cuantos disfrutan felices el viaje y el panorama, pocos ven con preocupación cómo se deshace el hielo que los carga, y hay los que no saben qué está pasando.

Puerto Rico es el témpano. Nosotros somos los pingüinos.

 

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© 2016 José Ferdinand Gonzalez Jiménez